● A 8 años de la masacre es imperativa la intervención del gobierno federal frente a
este hecho que representa una deuda histórica del Estado con los pueblos originarios. El Fiscal General de Michoacán, Adrían López Solis es uno de los implicados, acusan.
Ciudad de México, 5 de abril de 2025.- A 8 años de la masacre contra la comunidad purépecha de Arantepacua, perpetrada por el exgobernador Silvano Aureoles; el actual Fiscal General del Estado, Adrián López Solís; el entonces Secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona y el también entonces Subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, y otros asesinos más, gracias a la manifestación y acciones de visibilidad realizadas en este aniversario en la CDMX, el Consejo Comunal Indígena de Arantepacua y la FGR acordaron iniciar un periodo de dos meses de trabajo para analizar detenidamente las posibilidades de atracción del caso al fuero federal.
Mediante un comunicado de prensa en demanda de Justicia para arantepacua, el Consejo Comunal Indígena de Arantepacua, XUMA, Centro de Defensa y Justicia Social, y el Centro de Comunicación Popular y Acción Colectiva (Cecomun), destacan la voluntad de la FGR para atraer el caso, que finalmente da una luz de esperanza para el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley y la justicia.
“Después de dos meses de trabajo la FGR se comprometió a acudir a la comunidad a anunciar si atrae o no el caso. Este paso es fundamental, pues la intervención federal es necesaria debido a que el actual fiscal estatal (quien fuera Secretario de Gobierno durante la masacre), Adrián López Solís, es uno de los responsables. Resulta ilegal e irracional que uno de los perpetradores tenga en sus manos las investigaciones. Esta es la principal razón por la cual prevalece la impunidad y por lo que exigimos a la FGR que atraiga el caso”, reza el comunicado.
Sobre la exigencia de la creación de una Comisión de la Verdad por parte del Poder
Ejecutivo, la instancia federal se comprometió a impulsar trabajos interinstitucionales para documentar el sentir de las víctimas y crear un documento de memoria.
Como es sabido y fue documentado por la CNDH en la Recomendación 42 VG/2020, el
ataque a nuestra comunidad dejó un doloroso saldo de 4 ejecuciones extrajudiciales
(incluyendo la de un menor de edad), 10 casos de tortura, 38 casos de tratos crueles y
degradantes, 48 detenciones arbitrarias, 56 domicilios allanados, más de 70 de
personas lesionadas. Un total de 213 víctimas directas y más de 1000 indirectas. Pese
a la gravedad del caso, sigue impune.
Han pasado 8 largos años, y si bien la comunidad ha avanzado en conquistar acciones
de reparación, falta castigo a los culpables. Sin una de esas dos partes no hay justicia.
Ni siquiera se ha detenido a nadie por el caso. Por lo que “los acuerdos de este día son
un paso importante para este caso de trascendencia nacional”, concluye el comunicado.