• Afectados piden intervención de la SEE para que les entreguen a sus hijos los certificados y documentación correspondientes, demandan finiquitos justos y devolución de montos por inscripciones. El PRI acompañará la presentación de una querella y les dará asesoría jurídica

Salvador Jiménez

Padres de familia y trabajadores del Centro escolar Lancaster, ubicado al poniente de Morelia denunciaron fraude por parte de la dueña y directivos del colegio, mismo que cerró en pleno cierre de ciclo escolar afectando a unos 250 alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, por lo que mamás y papás de las y los alumnos piden la intervención de las autoridades educativas de Michoacán para que se les entreguen a sus hijos e hijas los certificados y documentación correspondiente para que el alumnado continue sus estudios.

Desde la Tribuna del Pueblo, a invitación del dirigente estatal del PRI en Michoacán, los inconformes señalaron que los afectados son aproximadamente 50 trabajadores, docentes, administrativos y de intendencia, quienes de un día para otro se quedaron sin empleo, por lo que demandan una indemnización por parte de Rosa María Cesati Garduño, propietaria del colegio y a quien exigen el pago de un finiquito, además de la entrega de boletas y certificados, a fin de que sus hijos e hijas no pierdan el año escolar ante el cierre del Colegio Lancaster este viernes 11 de julio, tras 38 años de “Educar humanizando”, según reza su eslogan.

Ante los medios de comunicación, Memo Valencia manifestó el total y decidido apoyo del PRI Michoacán, por lo que puso a disposición de las y los afectados el área jurídica del partido. Se configura la comisión de un fraude y se trastocan los derechos de niñas, niños y adolescentes a la educación, “de un día para otro les truncaron sus sueños”.

El también diputado local infrmó que el PRI acompañará al grupo de quejosos a presentar la querella por fraude ante la Fiscalía estatal y para demandar un finiquito justo y apegado a la ley, ofreció además trabajar desde el Congreso local para diseñar una iniciativa de ley que permita castigar este tipo de fraudes y evitar abusos a trabajadores y docentes en colegios privados.

En ese contexto expuso Valencia Reyes que en Lancaster se les obligó al personal docente y trabajadores a firmar con su contrato un documento con una liquidación mucho menor a la que tendrían derecho conforme a la ley. “se ve el dolo de quienes están detrás de este fraude”, dijo.

En voz de una madre de familia, el grupo de inconformes acusó también que previamente se les exigió el pago adelantado de la inscripción de sus hijos e hijas, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, el monto erogado fluctuó para los papás, dependiendo del grado y número de hijos e hijas. “Yo pagué seis mil pesos por un hijo que va para segundo de secundaria”, dijo. 

Señalaron que, no obstante la promesa de reembolsarles esta semana el dinero de la inscripción, hasta este jueves 10 de julio, ningún padre o madre de familia había recibido dicho reembolso.

Gabriela Medina, maestra de inglés en el nivel primaria, dijo que hay indignación y consternación entre los docentes por el cierre del plantel y denunció que mediante engaños se les hizo firmar un documento que no tiene validez alguna y se manejó como una renuncia voluntaria; “no tenía el sello de la escuela ni se imprimió en una hoja decente”, mencionó también la falta de prestaciones a las que legalmente tienen derecho, acusó también hostigamiento por el personal directivo.

“Lo único que pedimos es que se haga justicia y nos paguen lo justo”, ya que el colegio les ofrece una indemnización raquítica, aunado a que ahora deberán buscar un nuevo trabajo.